por Oscar Lozan Luyo
Los planes de gobierno presentados durante las elecciones presidenciales de 2026 coincidieron en identificar los principales problemas estructurales del Perú: inseguridad ciudadana, deficiencias en educación y salud, brechas de infraestructura y vulnerabilidad frente a fenómenos naturales. Sin embargo, reconocer estas necesidades no garantiza contar con los recursos para atenderlas.
El principal desafío del actual Gobierno es convertir sus compromisos en resultados concretos, asegurando su financiamiento y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Una propuesta sin respaldo presupuestal enfrenta serias dificultades para ejecutarse.
En seguridad ciudadana, el plan de gobierno de Fuerza Popular plantea reducir en 20% la tasa de homicidios, disminuir la impunidad en los robos, construir cuatro megapenales, implementar centros de comando C5i en las 24 regiones y modernizar 200 comisarías. Estas metas implican inversiones en infraestructura, inteligencia, equipamiento y personal policial. Según estimaciones del autor, atender estas necesidades podría demandar aproximadamente S/25.000 millones, cuya ejecución requeriría una programación multianual.
La situación de los sectores Educación y Salud también exige decisiones presupuestales de largo plazo. Según los diagnósticos de brechas de los ministerios de Educación y Salud, persisten importantes necesidades de rehabilitación, equipamiento y ampliación de establecimientos. El autor estima que las necesidades de infraestructura en ambos sectores ascienden a S/ 158.000 millones, sin incluir los recursos adicionales requeridos para la contratación de docentes y médicos, así como para el mantenimiento y funcionamiento de los establecimientos.
El presupuesto público constituye, por tanto, una herramienta fundamental para establecer prioridades. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto aprobado para 2026 asciende aproximadamente a S/257.562 millones. Parte de estos recursos está comprometida en remuneraciones, obligaciones permanentes, prestación de servicios y otras responsabilidades del Estado. En lo que resta de 2026, también resulta necesario priorizar recursos para la prevención y atención de los efectos del fenómeno de El Niño.
En ese contexto, resulta necesario evaluar una racionalización progresiva del gasto corriente. La revisión de consultorías, asesorías, locaciones de servicios, publicidad institucional y otros gastos administrativos debería identificar duplicidades, eliminar desembolsos injustificados y mejorar la eficiencia del Estado. El autor propone racionalizar S/40.000 millones anuales durante los próximos cinco años, monto equivalente a aproximadamente el 15,5% del presupuesto de 2026.
Como propuesta de política fiscal, esta reasignación plurianual de recursos hacia seguridad, educación, salud e infraestructura deberá sustentarse en un análisis técnico de las partidas presupuestales, las restricciones legales y los efectos sobre los servicios públicos.
El presupuesto de 2027 representa una oportunidad para iniciar esta revisión, establecer prioridades verificables y fortalecer el seguimiento de resultados. No basta con anunciar inversiones: es indispensable identificar fuentes de financiamiento, mejorar la calidad del gasto y garantizar una ejecución eficiente.
La responsabilidad fiscal no es un obstáculo para cumplir las promesas de gobierno. Es la condición necesaria para convertirlas en resultados sostenibles.
Fuentes y notas de verificación
· MEF. Ley N.º 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.
· MEF. Portal de Transparencia Económica – Consulta Amigable.
· Minedu. Diagnóstico de brechas de infraestructura o acceso a servicios, PMI 2025–2027.
· Minsa. Diagnóstico de brechas de infraestructura o acceso a servicios, PMI 2025–2027.
· Fuerza Popular. Plan de Gobierno 2026–2031 (metas programáticas).
Óscar Lozan Luyo
Economista y responsable de la elaboración del Plan de Gobierno presidencial de Rafael López Aliaga